Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de 2006 de la República Democrática del Congo establece el carácter laico del Estado, respetando el pluralismo religioso. El artículo 13 prohíbe toda forma de discriminación basada en el origen étnico, la confesión religiosa o la opinión.De igual modo, el artículo 22 garantiza: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia de los ritos y del estado de vida religioso, respetando la ley, el orden y la moral públicos y los derechos de los demás».Hay libertad para construir iglesias y recaudar fondos para realizar actividades religiosas dentro y fuera del país. Todos los grupos religiosos tienen plena libertad para hacer proselitismo, donde se incluye la enseñanza de la religión a los niños. Hay predicadores que se dedican a enseñar su religión incluso en mercados, confluencias de calles y autobuses públicos. Las iglesias pueden organizar servicios religiosos, de culto o formación. Los fieles de las distintas confesiones pasan noches enteras en sus iglesias, hasta el amanecer, ya que, debido al fenómeno llamado kulunas (delincuencia juvenil), en Kinshasa y en otras ciudades es peligroso salir a la calle de noche.En 1977, el Gobierno de la entonces República del Zaire firmó un convenio escolar con las comunidades católica, protestante, kimbanguista e islámica. La educación religiosa forma parte del programa oficial de estudios y se imparte en los colegios. Varios grupos religiosos gestionan una amplia gama de instituciones como colegios, centros de salud, orfanatos y empresas de comunicación. Respecto a los medios de comunicación, la mayor parte de los canales de televisión y de las cadenas de radio de Kinshasa pertenecen a distintas confesiones cristianas.Incidentes
El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2016 recogía el enfrentamiento que mantienen las autoridades de la República Democrática del Congo y la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (conocida por sus siglas, CENCO) desde 2014, por la propuesta del presidente Kabila de ampliar su etapa de gobierno por encima de los dos mandatos permitidos por la Constitución. En la segunda mitad de 2016 se produjo una importante crisis política cuando quedó claro que las elecciones previstas no iban a celebrarse y que el presidente Kabila ya tenía decidido permanecer en el cargo después de diciembre de 2016.La CENCO colaboró en la negociación de un acuerdo de última hora entre los principales actores políticos del país el día 31 de diciembre de 2016 que consiguió sacar a la nación del bloqueo político. Conocido como Acuerdo de San Silvestre, establecía que el presidente Kabila no ejercería un tercer mandato ni trataría de cambiar la Constitución y que se celebrarían elecciones antes de acabar 2017. El presidente Kabila seguiría en su cargo durante el período de transición que el Tribunal Supremo había confirmado seis meses antes . Sin embargo, la falta de compromiso con el acuerdo del bando del presidente Kabila hizo que los obispos se retirasen de la negociación. Esta decisión enturbió las relaciones entre la Iglesia y las autoridades hasta el punto de cancelarse la visita del papa Francisco a la República Democrática del Congo programada para marzo de 2017. El informe de marzo de 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos «alaba[ba] los incansables esfuerzos realizados por el Consejo de la CENCO de la República Democrática del Congo para mediar en la iniciativa [del Acuerdo de San Silvestre]». Además, Estados Unidos «apoya firmemente la continuidad del papel de la CENCO en el proceso, y secunda el llamamiento público que la CENCO ha realizado a las dos partes para que redoblen sus esfuerzos para superar los puntos de discrepancia».Tanto en Kisai, provincia que lleva envuelta en un grave conflicto desde 2016, como en la capital, Kinshasa, se produjeron una serie de ataques contra instituciones de la Iglesia. El 18 de febrero de 2017, hombres armados pertenecientes, al parecer, a una milicia local, Kamwina Nsapu, saquearon el antiguo seminario mayor. El padre Richard Kitenge Muembo, rector del seminario, contó: «Rompieron de forma sistemática todas las puertas de las habitaciones de los sacerdotes y quemaron todas nuestras pertenencias». Al día siguiente, un grupo de unas doce personas irrumpió en la iglesia de Santo Domingo, en Kinshasa, destrozó el mobiliario y profanó el sagrario. Al mismo tiempo, se distribuyeron por las calles de Kinshasa octavillas que llamaban a «destruir todas las escuelas y las iglesias católicas», además de las comunidades religiosas. Después de estos acontecimientos, el arzobispo de Kinshasa, el cardenal Laurent Monsengwo, realizó unas declaraciones denunciando que «se ataca intencionadamente a la Iglesia católica para torpedear su misión de paz y reconciliación». Añadió: «Nos ha indignado la noticia del incendio provocado en una zona del seminario mayor de Malole [en la provincia de Kisai] por unos maleantes violentos que [también] han sembrado el terror entre las hermanas carmelitas».Un año después de la firma del Acuerdo de San Silvestre, el Comité Laïc de Coordination (‘Comité Laico de Coordinación’) de la República Democrática del Congo hizo un llamamiento a los católicos para que se unieran a unas manifestaciones pacíficas después de la misa del 31 de diciembre de 2017 para exigir a los partidos políticos que respetaran el acuerdo, entablaran el diálogo político y defendieran la Constitución . Las fuerzas de seguridad respondieron a las manifestaciones pacíficas con violencia: hubo ocho muertos (siete en Kinshasa y uno en Kananga), 92 heridos y 180 personas arrestadas. El Comité Laico de Coordinación lo calificó de «violenta represión», señalando que las autoridades del país «no dudaron en disparar con munición real contra la población… no dudaron en lanzar gases lacrimógenos dentro de las iglesias… lo que constituye una grave violación de los lugares sagrados».Los representantes de la Iglesia también culparon a las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo de los ataques que se produjeron en Año Nuevo contra 134 iglesias y capillas en la capital y en varias provincias del país. El elevado número de ataques manifestó la táctica deliberada de ataques a gran escala que estaba realizando el Gobierno del presidente Kabila contra la postura de la Iglesia católica ante el intento de Kabila de ampliar su presidencia por encima de las competencias que otorga la Constitución. El 3 de enero de 2018, el cardenal Laurent Monsengwo difundió unas fuertes declaraciones para «denunciar y condenar las acciones de aquellos a quienes llamamos nuestros valientes de uniforme que han sido equiparables a la barbarie». También el nuncio apostólico condenó la «reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra unas manifestaciones pacíficas», añadiendo que el Comité Laico de Coordinación «tiene personalidad jurídica dentro de la Iglesia católica y puede organizar iniciativas en todo el territorio de la archidiócesis».Aún no habían pasado quince días cuando las fuerzas de seguridad atacaron a los fieles que el viernes 12 de enero rezaban en procesión en los terrenos de la catedral de Kinshasa. El padre Jean Nkongolo pidió a los guardias que dejaran de disparar, pero, como contó el padre Cikongo: «Un policía le disparó directamente a los ojos una bala de goma, aunque gracias a Dios el padre Nkongolo reaccionó con rapidez y movió la cabeza. Gracias a eso la bala le dio en un lado de la cara, si no le habría golpeado en los ojos». El padre Cikongo dijo que, después del ataque, el padre Nkongolo se dio cuenta de que había una mujer con un tiro en la cabeza. «En ese momento pensamos que la habían matado, pero ha sobrevivido». El Comité Laico de Coordinación convocó nuevas manifestaciones pacíficas en respuesta a tanta violencia. El domingo 21 de enero de 2018, las fuerzas de seguridad mataron a seis personas, hirieron a 49 y arrestaron a 94, según la MONUSCO, la misión de las Naciones Unidas en el país. En esa ocasión, las marchas a favor de la democracia no se realizaron solo en Kinshasa, sino también en otras ciudades como Goma, Bukavu, Kananga y Mbuji-Mayi. En muchos casos, los soldados rodearon las iglesias desde primeras horas de la mañana .Numerosos testigos han contado que la policía cerró muchas iglesias. Utilizaron gases lacrimógenos y munición real para impedir que los fieles salieran de ellas para unirse a las manifestaciones. En varios casos, miembros de las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en las misas, dispararon dentro de las iglesias, golpearon a los fieles, y obligaron a salir a las personas reunidas en su interior. Un católico de la parroquia de San Miguel, en el distrito de Bandalungwa, contó: «Estábamos rezando cuando soldados y policías entraron a tiros en la iglesia y nos dispersaron. Muchas personas se cayeron al suelo y algunos sanitarios intentaban reanimar a las ancianas que se habían desmayado, mientras el sacerdote seguía diciendo la misa».Más de una docena de policías utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los 300 fieles de otra iglesia en el distrito de clase trabajadora de Barumbu. Se vio a los parroquianos agitar Biblias y cantar canciones religiosas mientras intentaban manifestarse . Al día siguiente, el cardenal Monsengwo volvió a denunciar a las autoridades en un contundente mensaje: «¿Acaso estamos en una prisión al aire libre? ¿Cómo pueden [las fuerzas de seguridad] matar a hombres, mujeres, niños y ancianos que cantan himnos religiosos?... Queremos que vuelva a reinar la fuerza de la ley, no la ley de la fuerza». El cardenal llamó a los cristianos a mantenerse firmes «sin ceder nunca a la violencia».El 10 de febrero de 2018, los sacerdotes y religiosos que trabajan en la archidiócesis de Kinshasa publicaron una carta dirigida a las autoridades políticas del país en la que denunciaban la violencia utilizada durante las manifestaciones del 31 de diciembre y del 21 de enero. Decían: «Si vosotros tenéis la obligación de reprimir con violencia el derecho de las personas a manifestarse, veréis que los sacerdotes también tienen la obligación de denunciar estos actos de barbarie… Además, tened esto por seguro: vosotros tenéis armas, pero la victoria será de Dios». La carta terminaba denunciando los actos de brutalidad sufridos por algunos sacerdotes: «Hemos visto un terror como no habíamos visto nunca antes en esta ciudad, hasta dejar a un sacerdote desnudo en público. Se ha maltratado a sacerdotes, se les ha insultado incluso en los medios de comunicación estatales, se les ha apaleado y secuestrado en el ejercicio de sus obligaciones pastorales».En esos meses se registraron varios incidentes de intimidación. El 3 de febrero de 2018, la policía detuvo al padre Sébastien Yebo. Las autoridades fueron a buscarlo a la iglesia de San Roberto de Kinshasa al terminar la misa y se lo llevaron a un lugar que no revelaron. Una monja fue testigo del asalto y el secuestro. Un hombre sin identificar «grabó al sacerdote» con el teléfono móvil. La religiosa contó que «llegó un vehículo de la policía, los policías se bajaron, empezaron a pegar al sacerdote, lo empujaron para que entrara en el jeep y se marcharon llevándoselo con ellos». Al día siguiente pusieron en libertad al padre Yebo. Explicó que lo habían interrogado sobre su supuesto papel en la financiación de Kamwina Nsapu, la milicia rebelde de la provincia de Kasai . Según algunos informes, la MONUSCO manifestó en febrero de 2017 su preocupación por el conflicto en curso, «marcado por las violentas atrocidades cometidas por las milicias Kamwina Nsapu» de la región de Kasai. Ese mismo mes, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, afirmó: «Es hora de acabar con la brutal reacción militar que no hace nada para abordar las raíces del conflicto entre el Gobierno y las milicias locales, sino que en su lugar arremete contra los civiles basándose en supuestos vínculos con las milicias».El Comité Laico de Coordinación convocó una nueva marcha para el 25 de febrero de 2018 al acabar la misa dominical. En esa ocasión una persona murió tiroteada en Kinshasa y, en Mbandaka, otra resultó gravemente herida y después murió a causa de las lesiones. Según la Asociación Congoleña para el Acceso a la Justicia, la policía arrestó a unas 80 personas ese día .Los sacerdotes católicos siguen siendo el blanco de una serie de secuestros. La noche del 16 de julio de 2017, el padre Pierre Akilimali y el padre Charles Kipasa fueron secuestrados por hombres armados en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Bunyuka, en la diócesis de Beni-Butembo . En mayo de 2018 seguían en paradero desconocido. Anteriormente, en octubre de 2012, tres sacerdotes asuncionistas congoleños, los padres Jean-Pierre Ndulani, Anselme Wasikundi y Edmond Bamutut habían sido secuestrados en su parroquia, Nuestra Señora de los Pobres, en Mbau, a unos 20 km de la ciudad de Beni. Aún se no se sabe a dónde los llevaron. Después de los secuestros de julio, el arzobispo Utembi Tapa de Kisangani hizo un llamamiento a los grupos armados para que no confundieran la labor pastoral de la Iglesia con una supuesta «injerencia» política.El 22 de enero de 2018, hombres armados sin identificar secuestraron al padre Robert Masinda, a dos ingenieros agrónomos, Dieudonné Sangala y Augustin Vyunza, y a otras tres personas de la parroquia de Bingo que estaban trabajando en una granja-escuela gestionada por la Iglesia. Todos ellos fueron liberados por sus secuestradores dos días después. Hay quien piensa que los secuestradores eran soldados que querían un rescate Otro sacerdote, el padre Célestin Ngango, de la parroquia de Karambi, en la diócesis de Goma, en el distrito del Kivu del Norte, fue secuestrado el 1 de abril de 2018, domingo de Pascua, en Nyarukwangara, en el territorio de Rutshuru, cuando regresaba a su parroquia después de haber celebrado una misa. Al día siguiente sus secuestradores pidieron un rescate de 50 000 USD . Era el décimo sacerdote secuestrado en la misma semana, y a tres de ellos los mataron porque no se pagó el rescate. Tras el pago de un rescate cuya cantidad no se ha dado a conocer, le liberaron el 5 de abril .Otro sacerdote, el padre Étienne Nsengiunva, de 38 años, también de la diócesis de Goma, fue asesinado el 8 de abril. Acababa de celebrar misa en la misión de Kyahemba y estaba almorzando con algunos de los fieles cuando entró un hombre armado en la casa y disparó contra él . El vicario general de la diócesis de Goma, el padre Louis de Gonzague Nzabanita, culpa del asesinato a Mai-Mai Nyatura . Se trata de una milicia que dice luchar por los derechos de los hutus de Kivu del Norte que hablan kinyarwanda. La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNJHRO, por sus siglas en inglés) señaló que los ataques en la zona oriental de la República Democrática del Congo «originados fundamentalmente por la rivalidad por la tierra y los recursos naturales, han derivado en ciclos de violencia cometida por criterios étnicos».Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe, se ha producido un gran incremento del número de ataques contra la Iglesia católica por parte de las autoridades de la República Democrática del Congo. En años anteriores, los ataques contra instituciones y personal de la Iglesia eran cometidos normalmente por las milicias o bandas de delincuentes que operan en las zonas en conflicto, sobre todo en el este del país. A la vez que esta tendencia se ha mantenido, se ha abierto un nuevo frente en el que los ataques proceden de las autoridades debido al importante papel que está representando la Iglesia en la promoción de la democracia y los derechos humanos, valores consagrados en la enseñanza social de la Iglesia. Dadas las repetidas muestras de violencia que manifiestan la actual falta de voluntad del régimen político de abandonar el poder y su negativa a aceptar una transición suave, se puede concluir que el derecho a la libertad religiosa probablemente se vea aún más vulnerado en un futuro próximo. 
República Democrática del Congo