Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Andorra es una democracia parlamentaria con una jefatura de Estado ocupada por dos copríncipes, el presidente de Francia y el obispo de Urgel, cuya diócesis está localizada en España.La Constitución de Andorra garantiza, en su artículo 11, la libertad de religión y establece que «la libertad de manifestar la propia religión o creencias está sometida únicamente a las limitaciones establecidas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de las demás personas».La carta magna reconoce una relación especial con la Iglesia católica, «de acuerdo con la tradición andorrana» y «reconoce a las entidades de la Iglesia católica que tienen personalidad jurídica plena capacidad jurídica de acuerdo con sus propias normas». El Concordato de 2008 regula las relaciones con la Iglesia católica.El artículo 6 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe la discriminación a causa de la religión.Debido a su estatuto religioso, la Iglesia católica recibe algunos privilegios que no tienen otros grupos religiosos. Por ejemplo, el Gobierno paga los salarios de los sacerdotes católicos que prestan su servicio en las iglesias locales. Por su parte, los inmigrantes que realizan labores religiosas para grupos no católicos no pueden obtener el permiso de trabajador religioso, por lo que tienen que entrar en Andorra con otro estatuto de inmigrante.En un informe publicado el 22 de mayo de 2012, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa recomendó que Andorra realizara una serie de cambios para proteger a las comunidades religiosas minoritarias: estudiar la carencia de cementerios de las comunidades judía y musulmana, crear un estatuto especial para las religiones minoritarias como tales religiones (y no como meras «asociaciones culturales»), mejorar la información pública sobre las religiones minoritarias de Andorra y conceder una licencia para la construcción de una mezquita para la comunidad musulmana.En un informe de seguimiento sobre sus recomendaciones publicado el 9 de junio de 2015, el ECRI no presentaba el estado de ninguno de los ámbitos mencionados como ya resuelto o aún pendiente. El 14 de septiembre de 2015, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicó el análisis de Andorra. No mencionaba ninguna preocupación concreta en relación con las minorías religiosas.Diez comunidades religiosas han constituido un grupo de diálogo interreligioso. La Comisión Nacional de Andorra para la UNESCO coopera con este grupo que se reúne periódicamente para tratar temas de interés común relativos a las tradiciones religiosas, las creencias y la tolerancia.Incidentes
Durante el período estudiado en este informe no se han registrado incidentes de violación de la libertad religiosa en Andorra. La falta de cementerios judíos y musulmanes sigue siendo una cuestión sin resolver. Hace tiempo, representantes de estas comunidades entablaron unas conversaciones con el Gobierno sobre la construcción de cementerios donde poder enterrar a sus muertos conforme a sus propias tradiciones y costumbres. Aunque se permite a estas comunidades utilizar los cementerios existentes, no cuentan con una zona separada o visible propia. En consecuencia, la mayor parte de ellos decide enterrar a sus muertos en el extranjero.A los miembros de la comunidad musulmana les preocupa la obligación de tener que quitarse las prendas religiosas que cubren la cabeza en las fotografías de los documentos oficiales. Futuro de la libertad religiosa
El informe del ECRI de 2017 sobre Andorra manifestaba que el país ha realizado algunos progresos en la lucha contra la discriminación al introducir importantes modificaciones en el Código Penal y al tratar esta cuestión a través de la educación pública. No obstante, se le pide la creación de un organismo nacional para combatir el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Se considera que la ausencia de una legislación integral en contra de la discriminación es un error del marco legal del país que, una vez subsanado, permitirá una mayor protección del derecho a la libertad de religión. 
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